Recomendaciones para LA LEY ORGANICA DE COORDINACIÓN Y COOPERACION ENTRE LA JUSTICIA INDIGINA Y LA JUSTICIA ORDINARIA.

1.    Introducción.

 

Desde el campo sociológico, es importante establecer que el choque de culturas entre los nativos y el colono, dieron un resultado positivo desde la Antropología Cultural, pero en la historia del desarrollo, la interrelación humana de estas dos posturas, fue dolorosa, ya que el sometimiento, las inhibiciones, la degradación, fueron acentuando el discrimen racial con un sentido peyorativo hacia las etnias nativas, al tal punto que el discrimen, aún hoy con los avances del Derecho, no se ha podido erradicar.

La religión de los conquistadores, también jugó un rol fundamental para establecer los conceptos de racismo y sumisión. Reducidos a mitas y obrajes, las respuestas para las plazas de trabajo, no contemplaron derechos igualitarios; aún el mestizo, sufrió disminuciones en sus derechos y libertades, no se diga los  indígenas y negros que fueron los más perjudicados por los criterios traídos desde una España Medieval, y con las Leyes de Indias, el control absoluto de la producción, sembró de miseria la condición humana de las etnias, las que vinieron luchando denodadamente para que sobreviva su raza y su expresión cultural, la misma que se reclama como derechos ancestrales que deben ser reconocidos por la justicia común.

   

El pueblo ecuatoriano mediante referéndum realizado el 28 de septiembre del año 2008, aprobó la nueva Constitución de la República, en donde en su Art. 1  establece que ¨el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…¨[1]. y sobre los Titulares de derechos en su Art. 10 dispone que ¨Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los derechos garantizados en la Constitución y los instrumentos internacionales¨[2]. y finalmente el Art. 171 reconoce y establece que ¨Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicaran normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales¨[3].

 

Tomando como referencia estos breves preceptos constitucionales se puede determinar que es imprescindible, que de forma urgente la Asamblea Nacional estudie, analice, debata, socialice y apruebe la Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria. Con el fin de evitar una inadecuada interpretación de los preceptos constitucionales ya que en el ámbito territorial se desarrollan diferentes sistemas de derecho.

 

            Por lo anteriormente señalado, en mi calidad de Abogado de República y Docente Universitario, pongo a su conocimiento el presente análisis y recomendaciones al proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, en el cual se encuentra estructurado en cinco partes; en primer lugar la portada y paginas preliminares, en segundo lugar una breve introducción a la temática;   a continuación la descripción y desarrollo  del tema; para luego realizar un comentario personal; finalmente estimado lector podrá encontrar los anexos pertinentes y la bibliografía.

 

2.    Desarrollo del tema.

Para poder comprender de forma clara y objetiva en primer lugar citaré algunas conceptualizaciones que realizan destacados autores y es así que

Guillermo Cabanellas de Torres, en su diccionario jurídico elemental define a la cooperación como ¨Colaboración de varias personas en una obra común¨.[4]

En la Enciclopedia Wikipedia señala que ¨La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, generalmente usando métodos también comunes, en lugar de trabajar de forma separada en competición¨.[5]

Tomando como referencia estas definiciones podemos concluir que la cooperación, busca concretar, los medios, esfuerzos, y acciones con la finalidad de procurar un bien común, es decir si lo aplicamos, al tema en referencia podemos indicar que la cooperación que debe de existir en estados plurinacionales, entre las diferentes expresiones de justicia es de vital importancia, lo que debería estar debidamente reglamentado.

 

         Continuando con este breve análisis de algunas conceptualizaciones necesarias, me permito referir las definiciones que realizan algunos prestigiosos autores tales como Mabel Goldstein que define a la jurisdicción en los siguientes términos:

 

Límites territoriales dentro de los cuales ejercen sus funciones específicas los órganos del Estado, sean ellos judiciales o administrativos. Aptitud o capacidad reconocida a un juez o tribunal para conocer en una determinada categoría de pretensiones o de peticiones. Poder que sobre los ciudadanos, ejercen los órganos estatales.[6]

           

                        Guillermo Cabanellas de Torres, en su diccionario jurídico elemental define a la jurisdicción como:

            Genéricamente, autoridad, potestad, dominio, poder. Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera territorial. Poder para gobernar y para aplicar las leyes. La potestad de conocer y fallar en asuntos civiles, criminales o de otra naturaleza, según las disposiciones legales o el arbitrio concedido. Territorio en que un juez o tribunal ejerce su autoridad. Termino de una provincia, distrito municipio, barrio, etc.[7]

 

                        Al igual que cada Estado, en el ámbito territorial internacional, tiene sus fronteras, su soberanía, analizado a lo interior de los Estados, cada pueblo, nacionalidad, tienen su autonomía, por lo que, deberían gozar de jurisdicción y competencia, frente a otros pueblos o comunidades todo ello en un marco de respeto de los derechos fundamentales y a los derechos humanos.

Si vivimos en un estado Prurinacional, lo lógico sería que las actividades de justicia se desarrollen en un marco de coordinación y cooperación, yaque el éxito de un juicio radica, en una investigación seria y veraz, en donde la Autoridad encargada sin dilaciones y con profundo conocimiento de la cuestión procesal realice las pruebas concordantes y suficientes al esclarecimiento de los hechos inclusive con la intervención de peritos en la materia, a efectos de determinar los fundamentos de su resolución conforme al desarrollo de los resultados de la investigación, es decir en lo equivalente a la existencia delainfracción y a su autoría o participación en el hecho, solo así y con las actuaciones enmarcadas en la ley y el derecho de las autoridades respectivas, podemos hablar de una justicia vertical, que aplique cuando procede legalmente la legítima defensa de la sociedad y la ley para alcanzar el sueño anhelado de que la justicia se convierta en una verdadera justicia social apegada al marco legal y procesal y sobre todo a las garantías del debido proceso que consta en la Carta Magna.

            Se concibe por justicia indígena todo un sistema jurídico-legal que fundamentado en usos, costumbres, servidumbres y prácticas ancestrales, determine los modos y formas procesales de administrar justicia  en juzgados, tribunales, fiscalías u otras instituciones que asimilen un exclusivo derecho indígena.

Considerando que aún hay mucha distancia entre la Constitución de la República y la praxis social de una justicia indígena, es importante tomar como concepto, lo que apunta la Asambleísta y defensora de los indígenas, la Dra. Lourdes Tibán cuando dice:

“La justicia indígena es la forma propia de resolver y solucionar conflictos a través de sus propias autoridades, que mediante la aplicación de medidas conciliadoras, en algunos casos o ejemplificadoras en otros, se restablece la armonía colectiva.

Los pueblos indígenas conciben el derecho a la justicia como un derecho vivo, dinámico, no escrito, el cual a través de sus propias autoridades y de un conjunto de normas basados en sus costumbres, regula los más diversos aspectos del convivir colectivo, y permite ejercer un control social efectivo en sus territorios y entre sus miembros”.[8]

Ante lo expresado, se tiene que indicar que primero, se atendería la formación jurídicas de las autoridades indígenas para que entiendan la responsabilidad de administrar justicia en nombre del Estado ecuatoriano y considerándolo como un solo territorio y una sola nacionalidad conformada por grupos étnicos diferentes.

Pero a quienes se consideraran pueblos indígenas, José Martínez Cobo, señala que:

“Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión pre colonial y colonial que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de la sociedad que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos…”.[9]

 

Por lo dicho por el autor, se desprende que son grupos étnicos ancestrales, se consideran las minorías que antiguamente poblaron nuestros territorios americanos, culturas que luego de una dura lucha por su sobrevivencia, corren hoy el peligro de extinción, cuando son parte del patrimonio y la gran riqueza de los territorios nacionales donde todavía  subsisten estas culturas nativas y no obstante, han sufrido varios siglos de discriminación cuando fueron dueños absolutos de estos territorios ancestrales, ahora dominados por blancos y mestizos.

 

La Organización Internacional del Trabajo O. I. T., establece en el art. 1, literal b y numerales 2 y 3, lo siguiente:

 

 “b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. La utilización del término “pueblos” en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.”[10]

Actualmente, se encuentra en proceso de discusión un Proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas que en el artículo 1 del texto dice:

“1. Esta Declaración se aplica a los pueblos indígenas, así como a los pueblos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otras secciones de la comunidad nacional, y cuyo status jurídico es regulado en todo o en parte por sus propias costumbres o tradiciones o por regulaciones o leyes especiales[11].

 

Dentro de los procesos reestructurativos del Derecho desde el campo sociológico, la autoidentificación como dice la OIT de las minorías indígenas deberá considerarse como criterio fundamental para determinar los pueblos a los que se aplican las disposiciones de la presente Declaración. 3. La utilización del término “pueblos” en esta Declaración no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a otros derechos que puedan atribuirse a dicho término en el derecho”.

La mayor de las distinciones es el olvido voluntario de los gobiernos y la irresponsabilidad que históricamente han cometido con estos pueblos y territorios ancestrales, pues han sido sometidos conscientemente, a uno de los mayores discrímenes raciales, a la miseria flagrante, pobreza extrema.

 

3.    Recomendaciones para LA LEY ORGANICA DE COORDINACIÓN Y COOPERACION ENTRE LA JUSTICIA INDIGINA Y LA JUSTICIA ORDINARIA.

 

Por los antecedentes anteriormente señalados considero que es de suma importancia, que la Asamblea Nacional, trate de forma urgente el proyecto de LEY DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA JUSTICIA INDÍGENA Y LA JUSTICIA ORDINARIA, para lo cual me permito realizar algunas recomendaciones para evitar que existan vacíos jurídicos posteriores.

1. En el artículo 3, luego del numeral 5, agrégueselo siguiente:

No podrá desarrollarse el enjuiciamiento mediante justicia indígena de una persona no indígena, si no existe la presencia de un Defensor Público de la Justicia Ordinaria.

2. En el artículo 3, agréguese un numeral que manifieste:

Comunicación.- Ninguna persona podrá ser incomunicada.

3. En el Articulo 5, sustitúyase el inciso final por el siguiente:

Los reglamentos, actas y los demás actos escritos que las colectividades indígenas desarrollen sobre su derecho propio o consuetudinario, deberán ser codificados, no necesitan cumplir con formalidades, y serán aprobados y registrados por sus propias autoridades, deberán reposar archivos de cada comunidad.

4. Luego del artículo 8, agréguese un artículo que determine:

Cada nacionalidad deberá determinar los órganos jurisdiccionales, que son los encargados de administrar justicia.

5. En el artículo 17, inciso segundo, agréguese un numeral que determine:

Penas de prisión o reclusión.

6. En el artículo 18, agréguese un inciso que disponga:

En caso de violación de los derechos constitucionales, las autoridades responsables del juzgamiento, serán destituidas.

7. En el artículo 21 agréguese:

       6.- Los peritos debidamente registrados y acreditados por el Consejo nacional de la Judicatura.

8. En el artículo final, agréguese lo siguiente:

 Las autoridades indígenas, darán las facilidades para la difusión de la normativa jurídica de juzgamiento, asi como el procedimiento a desarrollarse durante el juzgamiento.

9.- Agréguese el siguiente artículo.

En el marco de la coordinación y cooperación el Estado promoverá la capacitación sobre la plurinacionalidad y pluriculturalidad, costumbres ancestrales de los pueblos, y procedimientos.

 

 

Todas estas pequeñas sugerencias, van orientadas a que la justicia ordinaria y la justicia indígena, se desarrollen en el marco de armonía, coordinación y cooperación, con el fin de precautelar los derechos  fundamentales establecidos en la Constitución de la Republica y los tratados internacionales.

 

El Estado debería fomentar, las mesas de diálogo y capacitación, en procura de determinar los mecanismos idóneos, para el cumplimiento de la   LA LEY ORGANICA DE COORDINACIÓN Y COOPERACION ENTRE LA JUSTICIA INDIGINA Y LA JUSTICIA ORDINARIA, y de esta manera se cumplan los objetivos, planteados en los Artículos iniciales.

 

 

4.    Anexos.

LEY DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA JUSTICIA INDÍGENA Y LA JUSTICIA ORDINARIA

  1. Objeto y ámbito de aplicación
  2. Principios
  3. Jurisdicción y Competencia
  4.  Derechos Humanos y Jurisdicción indígenas
  5. Control Constitucional

 

TÍTULO I

OBJETO

Art.1.-  Objeto.- La presente ley tiene por objeto:

 

1. Proteger y fortalecer el derecho colectivo a crear, desarrollar, aplicar y practicar el derecho propio o consuetudinario de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas;[12] y el derecho a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad en sus territorios ancestrales y legalmente reconocidos.[13]

2. Garantizar la estricta observancia de la Constitución y  los instrumentos internacionales de derechos humanos y derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas[14].

3. Establecer la normativa  jurídica de coordinación y cooperación entre los órganos de la Función Judicial[15], la Corte Constitucional[16] y la Policía Nacional con las autoridades que ejercen jurisdicción indígena en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.[17]

TITULO II

DERECHOS Y PRINCIPIOS

Art.2.-  Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.- En la aplicación de la justicia ordinaria e indígena, y en la interpretación de sus diferentes formas de interrelacionamiento, se garantizarán los derechos a las comunidades, pueblos y nacionalidades reconocidos en la Constitución, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio OIT N. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo y demas instrumentos internacionales que reconozcan y desarrollen sus derechos, el Código Orgánico de la Función Judicial y La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

Art.3.-  Derechos de las personas.- En la aplicación de la justicia indígena, y en la interpretación de sus diferentes formas de interrelacionamiento con la justicia ordinaria, se garantizarán los siguientes derechos a las personas, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos:

 

  1. A la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.
  2. A la integridad personal, que incluye la integridad física, moral y sexual. Se prohíben la tortura  y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.
  3. Al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial, y expedita de sus derechos e intereses, sin que en ningún caso queden en indefensión.
  4. En los casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños o adolescentes, o personas que por sus particularidades requieran un tratamiento especial, los procedimientos y normas de la justicia indígena deberán garantizar su protección y no discriminación.
  5. Al debido proceso.

 

Art.4.-  Debido Proceso.- En todo procedimiento ante la jurisdicción indígena, en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso establecido en la Constitución, que deberá ser interpretado interculturalmente, y que incluye:

 

1. Aplicación de normas comunales.- Todas las autoridades indígenas tienen que actuar de acuerdo a su derecho consuetudinario o derecho propio[18].

2. Imparcialidad.- Toda autoridad indígena tendrá que ser imparcial respecto de las partes[19], caso contrario no podrá conocer el conflicto.

3. Juicio previo.- No se puede sancionar a una persona sin proceso previo.

4. Defensa.- Las personas sometidas a procedimientos en la jurisdicción indígenas tienen derecho a ser oídas y a ser defendidas por personas de su confianza. Si lo creyeren conveniente, podrán solicitar la asistencia técnica de abogado o abogada. Para asegurar en todo caso el derecho a la defensa deberán establecer instancias de revisión[20].

Ninguna persona procesada podrá ser juzgada en ausencia. Los niños, niñas y adolescentes deberán comparecer ante las autoridades indígenas a través de sus padres o familiares más cercanos[21].

5. Revisión.- Las personas sometidas a procedimientos en la jurisdicción indígena tienen derecho a que las resoluciones sean revisadas por una autoridad indígena superior. Los pueblos y comunidades indígenas tienen la obligación de establecer instancias de revisión.

6. Oralidad y rapidez.- Las autoridades indígenas resolverán los conflictos en el menor tiempo posible[22]y de manera oral, sin perjuicio de sentar las resoluciones en actas.

7. Publicidad.- Los procedimientos de enjuiciamiento serán públicos y en lugares a los que pueda acceder la comunidad.

8. Prohibición de doble enjuiciamiento.- Todas las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas, en que se hayan establecido instancias de revisión, tendrán el efecto de cosa juzgada, sin perjuicio del derecho a presentar la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena.

Ninguna autoridad de la justicia ordinaria podrá conocer asuntos juzgados por la justicia indígena[23], y en caso de hacerlo será destituida de su cargo.

9. Idioma oficial.- Todas las actuaciones que realicen las autoridades indígenas se harán en el idioma oficial del territorio de la comunidad[24]. En caso de ser procesada una persona que no hable su idioma, se tendrá que garantizar la presencia de un intérprete para que al menos le traduzca al procesado todas las actuaciones al español.

El servidor o servidora judicial y el servidor o servidora pública, cuando se relacione con una persona indígena, de oficio o a petición de parte, deberá contar con un intérprete para garantizar su derecho a ser oído y el respeto a su identidad étnica o cultural.

Art.5.-  Formalidades.- Los procedimientos y sanciones tendrán las formalidades que el derecho propio o consuetudinario establezcan.

 

Los reglamentos, actas y los demás actos escritos que las colectividades indígenas desarrollen sobre su derecho propio o consuetudinario, no necesitan ser codificados, tampoco necesitan cumplir con formalidades, ser aprobadas ni registrados por autoridad alguna, ni constar en archivos estatales para su validez y eficacia.

Art.6.-  Aplicación e interpretación de normas.- El Estado reconoce y protege:

 

1. El pluralismo jurídico.

2. La interpretación intercultural.

3. El respeto a la diversidad étnica y cultural.

TÍTULO III

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Art.7.-  Jurisdicción[25].- Las autoridades indígenas tienen la potestad de administrar justicia, de conformidad con su derecho propio o consuetudinario, respetando la Constitución, los instrumentos Internacionales de derechos humanos[26] y esta ley.

 

Art.8.-  Competencia material.- Las autoridades indígenas tienen competencia para resolver todos sus conflictos internos.

 

No se consideran conflictos internos el genocidio,  los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el tráfico internacional de estupefacientes, el crimen organizado transnacional[27], la malversación de fondos públicos y aquellos delitos contra la seguridad del Estado.

 

Art.9.-  Competencia territorial.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán sus funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, entendido como tal el espacio o área en donde los pueblos comunidades y nacionalidades desarrollan su cultura, leyes, formas de organización, comercio, economía propia y que constituye su hábitat.

 

Art.10.-    Competencia personal.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y comunidades indígenas conocerán todos los conflictos sucedidos dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con las siguientes reglas:

 

1. Todos los conflictos entre personas, grupos o colectividades indígenas serán conocidos por la autoridad indígena.

2. Todos los conflictos en que una persona no indígena viole los derechos de una persona, grupo o colectividad indígena serán conocidos  por la autoridad indígena, siempre que la persona no indígena tenga su domicilio, residencia, negocio o industria dentro del territorio indígena.

Si la persona no indígena estuviere de tránsito por el territorio indígena, el conflicto deberá ser conocido por la justicia ordinaria pero la autoridad indígena podrá imponer las medidas de reparación. En este último caso, se respetará el derecho de la persona no indígena a someterse a la justicia indígena voluntariamente.

3. Todos los conflictos en que una persona, grupo o colectividad indígena viole los derechos de una persona no indígena serán conocidos  por la autoridad indígena. En este último caso, se respetará el derecho de la persona no indígena, en su calidad de víctima, a no someterse a la justicia indígena y presentar el caso ante la justicia ordinaria.

 

4. Todos los conflictos entre personas no indígenas en territorio indígena, cuando éstos no afecten a la comunidad, deberán ser conocidos por la justicia ordinaria; sin embargo, se respetará el derecho de las personas no indígenas a someter el caso a la justicia indígena.

Art.11.-    Conflictos de competencia.- Los conflictos de competencia que se presenten, serán resueltos de conformidad con las siguientes reglas:

 

1. En caso de conflicto entre indígenas pertenecientes a distintas comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, las autoridades de las respectivas comunidades, pueblos o nacionalidades deberán acordar cuál es la autoridad competente para conocer el conflicto. En caso de no llegar a acuerdo, la competencia será resuelta por las autoridades de la organización de grado jerárquicamente superior a las que pertenezcan las colectividadades que reclaman competencia.[28] 

2. Las personas campesinas involucradas en un conflicto podrán de mutuo acuerdo someter sus litigios a conocimientos de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

3. En aquellos casos en que una persona niega su condición de persona indígena, el asunto deberá ser sometido a la Corte Constitucional, la misma que resolverá quién es la autoridad competente para conocer el conflicto.[29]

Art.12.-    Declinación de Competencia[30].-  Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena competente. Bastará la declaración juramentada de la autoridad indígena para comprobar su competencia.

 

Art.13.-    Usurpación de Funciones[31].-  Cuando uno o varios miembros de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejerzan potestades jurisdiccionales, sin la debida legitimación, serán sancionados de acuerdo al derecho consuetudinario y procedimientos propios de cada colectivo.

 

Será responsable civil y penalmente quien sin pertenecer a una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena ejerza funciones jurisdiccionales indígenas.

           

Art.14.-    Revisión de resoluciones y control interno.- Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas  acudirán a las instancias propias o crearán las que fuesen necesarias para la revisión de las decisiones de sus autoridades[32]. Los conflictos de competencia entre autoridades indígenas, serán resueltos de acuerdo a sus usos, costumbres y procedimientos consuetudinarios[33].

 

Una vez que las autoridades indígenas de segundo grado hayan resuelto la controversia y siempre que persista inconformidad con la solución, se procederá al respectivo trámite ante la Corte Constitucional.

La revisión de decisiones de la jurisdicción indígena mediante acción extraordinaria de protección[34], para su debido trámite ante la Corte Constitucional, previamente deberán ser resueltas por las autoridades indígenas de segundo grado en su respectiva jurisdicción.

 

Art.15.-    Subsidiariedad de la justicia ordinaria.- Las autoridades de las comunidades pueblos o nacionalidades indígenas, de común acuerdo con las partes involucradas en un conflicto podrán someter el conflicto a la justicia ordinaria.

 

Cuando se presente un conflicto con relevancia penal y la comunidad no quiera o no pueda juzgar, se podrá presentar una denuncia ante la fiscalía más cercana.

TÍTULO IV

DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INDÍGENA

Art.16.-    Compatibilidad del Derecho Indígena con los Derechos Humanos.- Los procedimientos y las sanciones de la jurisdicción indígena deberán respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La compatibilidad de éstos sólo podrán ser conocidas por la Corte Constitucional mediante control abstracto de normas, acción extraordinaria de protección o mediante medidas cautelares.[35]

 

Art.17.-    Procedimientos y sanciones incompatibles con los Derechos Humanos.- Las autoridades indígenas no podrán utilizar procedimientos discriminatorios o que impliquen torturas, tratos inhumanos, crueles o degradantes.

 

De igual modo, las autoridades indígenas no podrán establecer las siguientes sanciones:

1. Pena de muerte.

2. Tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes.

3. Esclavitud o servidumbre. 

No se considerará que violan los derechos humanos las sanciones que importen para la persona infractora un sufrimiento, lesión o privación de derechos menor que el que significaría la pena prevista en el Código Penal vigente para actos delictivos similares[36].

 

Tampoco se considerará que violan los derechos humanos las sanciones que cumplan la función ritual de reincorporación a la comunidad. En caso de no cumplir con dicho fin o excederlo será considerado como un acto cruel, inhumano o degradante.

 

En cualquier caso, las comunidades, pueblos y nacionalidades erradicaran cualquier tipo de violencia en los procedimientos y sanciones.

 

Art.18.-    Garantías constitucionales.- En caso de que la autoridad utilice un procedimiento prohibido, cualquier persona podrá solicitar medidas cautelares de conformidad con la Constitución y la Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional.[37]

 

En caso de que se impongan sanciones prohibidas, se podrá presentar una acción extraordinaria de protección de derechos de conformidad con la Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar[38].

 

La fuerza pública tendrá la obligación de impedir estas violaciones graves a los derechos humanos.

CAPITULO V

COORDINACIÓN Y COOPERACION

Art.19.-    Principios para la coordinación y cooperación.- En el marco de cooperación y coordinación se respetarán los siguientes principios:

 

1. El derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indíegnas.

2. La máxima autonomía de la jurisdicción indígena y la mínima intervención del Estado.

3. Las autoridades indígenas al igual que las autoridades de la jurisdicción ordinaria actuarán aplicando el principio de reciprocidad en sus actuaciones, con la finalidad de cumplir  con la obligación de administrar justicia en todo el territorio nacional. 

 

Art.20.-    Relaciones de coordinación y cooperación.- La jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones de coordinación y colaboración, a los fines de prestarse el apoyo requerido para la investigación, juzgamiento o ejecución de sus decisiones. Para tal efecto, se podrán suscribir convenios de cooperación, mesas de diálogo y acuerdos verbales.

 

Esta colaboración o auxilio podrá ser solicitada por la autoridad indígena a las autoridades judiciales, policiales y administrativas del Estado que sean competentes y estime necesarias, bajo pena de asumir la responsabilidad de los prejuicios ocasionados por la omisión. 

 

Art.21.-    Autoridades de apoyo.- Se considerará como autoridades de apoyo a:

 

1. Las autoridades de las comunidades indígena que ejercer las funciones de jueces y juezas y de policía.

2. Los servidores y servidoras judiciales.

3. La Policía Nacional y Judicial.

4. La Dirección Nacional de Rehabilitación Social y a los Centros de adolescentes infractores.

5.  Las autoridades encargadas de la investigación técnica-científica.

Art.22.-    Apoyo en la investigación y prueba.- Las autoridades encargadas de la investigación técnica-científica y las autoridades indígenas, bajo el principio de reciprocidad, cuando se solicite, prestarán el apoyo necesario para recabar información o facilitar la prueba a la otra jurisdicción que la requiera.

 

Art.23.-    Peritos.- Las autoridades de la jurisdicción, cuando juzguen personas indígenas, deberán contar con intérpretes especialistas en lenguas nativas y con peritos en antropología jurídica o cultural.

 

Art.24.-    Apoyo en la custodia o internamiento.-  Las autoridades indígenas podrán suscribir convenios con la Dirección Nacional de Rehabilitación Social o con la administración de los centros de adolescentes infractores, con el objeto de la prestación del servicio de internamiento en los centros administrados por estas instituciones y para el caso de la entrega en custodia de los miembros de pueblos indígenas.

 

Art.25.-    Ejecución de pena.- La coordinación y colaboración en la ejecución de la pena, deberá seguir las siguientes reglas:

 

1. La justicia ordinaria, en casos de penas a personas indígenas, deberá aplicar preferentemente penas no privativas a la libertad, que podrán ser ejecutadas en coordinación con las autoridades indígenas.

 

2. En los casos en los que se imponga una pena privativa de libertad, a fin de garantizar la integridad étnica y cultural de los indígenas condenados por la jurisdicción penal ordinaria, la ejecución de la pena o medida socioeducativa deberá ser efectuada  en el centro de rehabilitación social o centro de adolescentes infractores más cercano a su comunidad, preservando al máximo la cultura, costumbres, idiomas, lazos familiares y formas tradicionales.

Se prohíbe el traslado de indígenas a otros centros, que generen el alejamiento de su ámbito familiar y cultural.

3. Previa solicitud de las autoridades indígenas, los indígenas condenados por la jurisdicción penal ordinaria  podrán ser entregados en custodia a su respectiva comunidad para desarrollar trabajos comunitarios o seguir con sus regímenes educativos dentro del territorio indígena a efectos de cumplir su pena o medida socioeducativa.  El Director del respectivo centro, podrá acordar y fijar con las autoridades indígenas las condiciones de la prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de tales actividades.

Los indígenas beneficiados con esta medida podrán pernoctar en el territorio indígena con el compromiso de presentarse cuando sean requeridos por la autoridad penitenciaria.

4. En casos de adolescentes infractores indígenas, a solicitud de las autoridades indígenas, la entidad encargada de la administración de los centros de adolescentes infractores, prestará la asesoría necesaria para la prevención de las conductas que afecten la integridad familiar y los derechos del adolescente, igualmente, deberá prestar la colaboración necesaria para la integración de los adolescentes indígenas que cometan conductas punibles propendiendo a su integración social y cultural, y su reinserción al ámbito territorial.

 

Art.26.-    Registro de actuaciones de las autoridades indígenas.- Las actuaciones de la autoridad indígena, en relación al registro, deberán seguir las siguientes reglas:

 

1. El registro se realizará de conformidad con el derecho propio o consuetudinario.

2. En los casos que sean necesarios y en virtud del principio de reciprocidad la autoridades de la jurisdicción ordinaria podrá solicitar a las autoridades indígenas reducir a escrito el contenido de sus decisiones, en el registro deberá constar el nombre de la comunidad y la circunscripción territorial en donde se encuentra localizada, con determinación de la región, provincia, cantón o parroquia, además se señalarán los nombres de las partes intervinientes, las normas y procedimientos propios aplicados, a fin de que sirvan de precedentes con el valor que este tenga en su propio derecho.

3. Cuando  la ley exija la inscripción o registro de los actos o hechos actuados por las autoridades indígenas, se comunicará esta resolución o acta a la institución competente para su registro, tales como el reconocimiento del hijo habido fuera del matrimonio, la adopción, de la fijación de linderos de los predios colindantes resuelto en litigio, actas de resolución de conflictos sobre tierras y territorios donde se reconozcan o establezcan los derechos de propiedad, el usufructo.

Art.27.-    Promoción de la justicia indígena.- El Consejo de la Judicatura destinará los recursos humanos, económicos y de cualquier naturaleza que sean necesarios, para el desarrollo y establecimiento de mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria[39].

 

Art.28.-    Control de bienes públicos.- Sin perjuicio de los sistemas de control propios de cada pueblo indígena corresponde a la Contraloría General del Estado, ejercer el control fiscal de la ejecución de los recursos entregados por el Estado a las autoridades indígenas. Para este efecto creará un programa especial de control fiscal.

 

Art.29.-    Capacitación.- El Consejo de la Judicatura es el responsable de la capacitación de las y los servidores de la Función Judicial que deban realizar actuaciones en el ámbito de su competencia en territorios donde existe predominio de personas indígenas, con la finalidad de que conozcan la cultura, el idioma y las costumbres, prácticas ancestrales, normas y procedimientos del derecho propio o consuetudinario de los pueblos indígenas.  En las capacitaciones se facilitará la retroalimentación de los dos sistemas de justicia.

 

Art.30.-    Formación en las facultades y escuelas de derecho.- Las facultades y escuelas de derecho deberán implementar en sus programas de estudios materias o contenidos sobre pluralismo jurídico, derechos colectivos,  interpretación intercultural, antropología jurídica y justicia indígena.

 

Art.31.-    Difusión.- El Estado proveerá los medios necesarios para la difusión de los derechos de los pueblos indígenas. Con el fin de facilitar el cumplimiento de lo establecido en esta Ley.

 

 

 

5.    Bibliografía.

  1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición I, 2009.
    1. CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, undécima edición, Buenos Aires, Argentina. 1993.
    2. http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
    3. GOLDSTEIN MABEL, Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Buenos Aires Argentina, pp. 341.

 

 

 


[1] CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición I, 2009.

[2] Ibidem.

[3] CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición I, 2009.

[4] CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, undécima edición, Buenos Aires, Argentina. 1993. pp. 97.

[5]http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n

[6] GOLDSTEIN MABEL, Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Buenos Aires Argentina, pp. 341.

[7] CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, undécima edición, Buenos Aires, Argentina. 1993. pp. 220.

[8]TIBÁN Lourdes.- Ecuador: El Derecho Indígena y su Relación con la Justicia Ordinaria .- http://www.servindi.org/actualidad/4617

[9]FIGUEROA Viviana Elsa.- La Relación Entre Pueblo Indígena y Comunidad.- (Pensamiento de José R. Martínez Cobo).- http://www.indigenas.bioetica.org/inves17.htm

[10]Convenio 169 de la OIT.- 27 de junio de 1989. http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml

[11]Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 26 de febrero de 1997

[12]           Constitución, Art. 57 (10)

[13]           Constitución, Art. 57 (9)

[14]           Constitución, Arts. 56 y 171.

[15]           Constitución, Art. 177.

[16]           Constitución, Art. 429.

[17]           Constitución, Art. 171 y 343

[18]           Hans-Jürgen Brandt y Rocío Franco Valdivia (comps.), Normas, valores y procedimientos en la justicia comunitaria. Estudio cualitativo en comunidades indígenas y campesinas de Ecuador y Perú, Volumen 2, Serie Justicia Comunitaria en Los Andes: Perú y Ecuador, Lima, Instituto de Defensa Legal, 2007, p. 82

[19]           Hans-Jürgen Brandt y Rocío Franco Valdivia (comps.), Normas, valores y procedimientos en la justicia comunitaria. Estudio cualitativo en comunidades indígenas y campesinas de Ecuador y Perú, Volumen 2, Serie Justicia Comunitaria en Los Andes: Perú y Ecuador, Lima, Instituto de Defensa Legal, 2007, p. 82-83

[20]           Art. 5 de Justicia de Paz y Derecho Indígena: Análisis y propuestas de coordinación, Guatemala, Fundación Due Process of Law, 2004

[21]           Hans-Jürgen Brandt y Rocío Franco Valdivia (comps.), Normas, valores y procedimientos en la justicia comunitaria. Estudio cualitativo en comunidades indígenas y campesinas de Ecuador y Perú, Volumen 2, Serie Justicia Comunitaria en Los Andes: Perú y Ecuador, Lima, Instituto de Defensa Legal, 2007, p. 88

[22]           Art. 82.2 (a) y 168.6 de la Constitución de la República; Hans-Jürgen Brandt y Rocío Franco Valdivia (comps.), Normas, valores y procedimientos en la justicia comunitaria. Estudio cualitativo en comunidades indígenas y campesinas de Ecuador y Perú, Volumen 2, Serie Justicia Comunitaria en Los Andes: Perú y Ecuador, Lima, Instituto de Defensa Legal, 2007, p. 83

[23]           Art. 76.7 (i) de la Constitución de la República; Art. 6 (d) del “Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria”, Lourdes Tibán Guala, Asamblea Nacional, 1 de febrero de 2010; Art. 10 del Libro I, Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Volumen 17, Serie Neoconstitucionalismo y sociedad. Justicia y Derechos Humanos,  Quito, diciembre de 2009

[24]           Ley colombiana Art. 7

[25]                 Constitución, Art. 171 y 424; Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 343 – 346.

[26]                 Constitución, Art. 424.

[27]                 Proyecto de Ley para la Jurisdicción Especial Indígena Venezuela, Art. 127.3.

[28]           Bolívar Beltran y otros, Proyecto de ley de Compatibilización y distribución de Competencias en la Administración de Justicia, Quito, 2002 art. 11

[29]           Véase art. 10 Bolívar Beltran y otros, Proyecto de ley de Compatibilización y distribución de Competencias en la Administración de Justicia, Quito, 2002

[30]                 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 345.

[31]                 Proyecto de Ley de Compatibilización y Distribución de Competencias en la Administración de Justicia (Comisión de Asuntos Indígenas), Art. 6 Proyecto de Ley para la Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria (Lourdes Tibán), Art. 13

[32]                 Proyecto de Ley Colombiano Sobre la Jurisdicción Especial Indígena, Art. 5.

[33]                 Proyecto de Ley para la Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, Art. 16

[34]                 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Art. 65.

[35]           Constitución de la República, Art. 57.1, 57.9 y  76 Código Orgánico de la Función judicial, Art. 24.

[36]           Comisión de Reforma Integral del Código Penal de Bolivia (Luis Arroyo Zapatero, Matías Bailone, Elías Carranza, Adán Nieto Martín, Moisés Moreno Hernández, José Sáez Capel, Jan Simón, Eugenio Raúl Zaffaroni),  Anteproyecto de Reforma al Código Penal de Bolivia, Parte General, 2009, Art. 12, Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales del Ecuador, Art. 10.

[37]           Constitución de la República, Art. 87.

[38]           Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Arts. 65 y 66.

[39]           Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 346

2 comentarios to “Recomendaciones para LA LEY ORGANICA DE COORDINACIÓN Y COOPERACION ENTRE LA JUSTICIA INDIGINA Y LA JUSTICIA ORDINARIA.”

  1. Nicolas Cussy Says:

    Cuales serian los criterios basicos en la coodinación y cooperación entre la justicia indígena y la ordinaria.

    • Que se requiere de la Función legislativa (Asamblea Nacional), emane las disposiciones legales procesales que permitan la aplicabilidad de un sistema de justicia indígena que no violente los derechos del resto de la población, ni contravenga a la administración de justicia ecuatoriana.

      Que la existencia de los instrumentos internacionales de cumplimiento obligatorio para el Ecuador y los lineamientos de una Constitución de carácter garantista, no son suficientes hasta que las políticas estatales, no decidan ir desterrando progresivamente, las malas prácticas sociales, económicas y antihumanas de discrimen, exclusión y racismo que tanto daño han hecho a las minorías étnica indígenas y afrodescendientes.

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